Al fijar el posicionamiento de su bancada durante la comparecencia del secretario de Seguridad Pública, Hiram Almeida Estrada el presidente del Comité Especial para el Estudio y Análisis de las Finanzas Públicas, consideró que los operadores de grúas e inmovilizadores violentan los derechos de la ciudadanía.
Manifestó que el costo por arrastre, multa y almacenaje de vehículos asciende a 1,071 pesos, sin embargo, su efectividad para la vialidad de las avenidas es mínima. “Hay opacidad respecto a los ingresos que percibe el Gobierno del Distrito Federal, frente a la recaudación de las empresas”, apuntó.
Desde la tribuna del recinto parlamentario de Donceles y Allende el diputado Lobo Román, sostuvo que ese tipo de acciones que afectan al ciudadano de a pie y benefician a unos cuantos, se debe terminar sin importar a quien se deje de beneficiar.
Además, el legislador del partido del sol azteca estableció que hoy se parte de una realidad contundente y demandante, que consiste en mantener a la ciudad de México como la entidad más segura del país, resultado de una labor titánica a cargo de la Secretaría de Seguridad Pública.
“En la ciudad se vive, se camina y se transita sin el terror con el que se vive en otras entidades. En sólo 17 años los gobiernos del PRD han logrado implementar una política con un profundo sentido social donde se garantizan los derechos, las libertades y se construye ciudadanía”, apuntó.
Lobo Román dijo que en la capital del país la seguridad pública y la gobernabilidad se ve y se siente; los recursos se invierten en beneficio de la gente y no en millonarios gastos para publicitar guerras sangrientas o rostros de supuestos enemigos de la sociedad como han hecho algunas autoridades.
En su intervención, el diputado perredista reconoció el liderazgo, capacidad y vocación de servicio del titular de la SSP, pero aseguró que la expectativa es muy alta y la problemática mayúscula, en un entorno nacional con una profunda crisis económica, de gobernabilidad y credibilidad.
En ese ambiente –enfatizó- “los índices delictivos se detonan como pólvora”, el déficit de empleo supera los 34 millones de espacios y muchos de los que laboran no pueden hacer frente a la situación con un salario mínimo de 68 pesos. No alcanza para el sostenimiento de una familia, expresó.