El Ejecutivo comunitario propuso ampliar el alcance de esta normativa sólo para incluir a una parte de los conductores independientes, los llamados "falsos autónomos", que trabajan en exclusiva para una compañía a pesar de no contar con un contrato de "empleado".
En opinión de la mayoría de los miembros de la comisión parlamentaria, todos los trabajadores del sector deben compartir normas y estándares sociales mínimos para garantizar su seguridad personal y la seguridad vial, para proteger su salud, así como por razones de competencia.
La ponente del informe en el PE, la popular eslovaca Edit Bauer, apoya, por el contrario la visión de la CE, y destaca que "no existe precedente", por lo que tomar esta dirección en la regulación del tiempo de trabajo sería un error, además de muy difícil y caro aplicar la medida.
Según Bauer, incluir a los conductores independientes "no mejora la seguridad vial" y crea una burocracia y un coste exagerado.
La eurodiputada desmintió en rueda de prensa que la no inclusión de los autónomos en el ámbito de la legislación supusiera que su jornada laboral podría extenderse hasta las 86 horas semanales.
"Una semana tan larga es absolutamente imposible con la legislación actual", recalcó Bauer, quien achacó el resultado de la votación de hoy en la comisión de Empleo, en parte, a las presiones ejercidas por los sindicatos.
La Unión Europea aplica en estos momentos una directiva que data de 2002 y que debía ser revisada en marzo del año pasado para extenderla también a los autónomos, a menos que la CE aconsejase lo contrario en un informe específico al respecto dos años antes de esta fecha.
En octubre de 2008, Bruselas estimó que sólo deberían añadirse a la normativa -que prevé un máximo de 48 horas semanales- los llamados "falsos autónomos".
El Pleno del PE ya rechazó en mayo del año pasado la propuesta de la CE, pero tras la nueva formación de la Eurocámara se decidió repetir el voto.
Tras la decisión de hoy de la comisión parlamentaria de Empleo, la cuestión será votada en sesión plenaria el próximo 16 de junio.
Los países de la UE, por su parte, se han mostrado hasta ahora favorables a la propuesta del Ejecutivo comunitario.