De acuerdo con un análisis económico de la entidad financiera, este paquete económico, entregado el domingo por el gobierno al Congreso y que consta del Presupuesto de Egresos, la Ley de Ingresos y los Criterios Generales de Política Económica, resultará en un cociente de deuda pública a PIB estable al cierre de 2020.
No obstante, señaló que el panorama para las finanzas públicas no estará libre de riesgos.
En particular destacó aquellos asociados con el crecimiento económico previsto en el paquete económico y con el pronóstico de incremento anual de 13 por ciento en la producción petrolera.
En materia de crecimiento económico, consideró que los riesgos se han intensificado recientemente por la desaceleración de la manufactura global, afectada principalmente por las tensiones comerciales internacionales.
Asimismo, señaló, la debilidad de la inversión privada en México se ha profundizado y su eventual recuperación podría retrasarse aun más de no ratificarse este año el tratado comercial entre México, Estados Unidos y Canadá, el T-MEC, por el Congreso de Estados Unidos.
En relación a los ingresos petroleros, el dinamismo previsto por el Gobierno se sustenta principalmente en elevar la producción petrolera de 1.73 millones de barriles diarios promedio estimados para 2019 a 1.95 millones para 2020.
El análisis destacó que un menor crecimiento económico que el previsto por el Gobierno para 2020 -de 1.5 a 2.5 por ciento- que estuviera alrededor de 1.4 por ciento llevaría el balance primario (diferencia entre ingresos y gastos sin considerar el pago de intereses de la deuda pública) a quedar en el 0 por ciento del PIB en 2020.
"Por ello, consideramos apropiado revisar el paquete económico una vez que se cuente con las cifras del crecimiento económico del primer trimestre de 2020 y, en su caso, realizar los ajustes necesarios", anotó.
En cuanto a los ingresos tributarios, consideró positivo que el paquete económico 2020 contemple el combate a la evasión y al fraude fiscal.
"No obstante, consideramos que la contribución de estas medidas a dichos ingresos dependerá en última instancia de su eficiente implementación y, por lo mismo, su impacto es incierto", señaló.
La institución estimó deseable que el gobierno federal diseñe una reforma fiscal integral lo antes posible que fortalezca los ingresos tributarios y promueva una mayor eficiencia en el gasto público en los siguientes años.
En materia de gasto público, calificó de positivo que el paquete contemple un impulso a los programas sociales, la seguridad pública y proyectos energéticos de la petrolera estatal Pemex.
No obstante, señaló que las políticas públicas encaminadas a mitigar la desigualdad social y fortalecer el Estado de derecho "deberían ser evaluadas para garantizar que se estén generando los efectos positivos esperados y, en su defecto, realizar modificaciones a las mismas".
En lo referente a Pemex, sostuvo, la aportación presupuestaria debería ser complementada con la reactivación de los 'farmouts' (asociaciones estratégicas con empresas a las que se transfieren derechos de explotación y producción).
"Lo anterior resultaría en una menor presión para las finanzas públicas al potenciarse la inversión en exploración y, consecuentemente, en la producción petrolera", puntualizó.