La llamada flexibilización cuantitativa o Quantitative Easing (QE) fue anunciada en enero por el presidente del BCE, Mario Draghi, y supone una inversión de 1.14 billones de euros hasta 2016 con el objetivo de estimular la coyuntura y frenar la caída de la inflación.
El Consejo de Gobierno del guardián del euro lo aprobó en su sesión mensual del 22 de enero por amplia mayoría, pero con el rechazo del presidente del Bundesbank alemán, Jens Weidmann, y de la también alemana Sabine Lautenschläger, miembro del directorio del BCE.
"Desde nuestro punto de vista había pocas dudas de que debíamos actuar", justificó entonces Draghi. "Estamos convencidos y tenemos buenos argumentos para creer que esta medida contribuirá a aumentar las expectativas de inflación".
La inflación en la eurozona lleva tiempo muy por debajo del objetivo fijado por el BCE para garantizar la estabilidad de precios ("por debajo pero cerca al 2.0 por ciento"). La tasa anual de la eurozona se situó en junio en un 0.6 por ciento negativo.
La caída sostenida de precios por un largo periodo representa una amenaza para la coyuntura, porque empresas y consumidores pueden evitar compras e inversiones a la espera de que los precios sean más bajos.
Sin embargo, la mayoría de economistas ve poco riesgo de deflación. La baja inflación es sobre todo una consecuencia de la drástica caída de los precios del petróleo, que actúa a su vez como un estímulo a la economía.
Los más críticos dudan también de que el programa del BCE tenga las consecuencias esperadas y temen en cambio efectos colaterales, como burbujas de precios causadas por el dinero barato o que los gobiernos de países con problemas de deuda relajen sus esfuerzos de reforma al ser financiados indirectamente por el BCE.
El programa "no es un instrumento como cualquier otro en la unión monetaria. Implica riesgos", alertó en enero Weidmann. Otros analistas de la primera economía europea arremetieron también contra el BCE y lo calificaron de "experimento peligroso" y "un error".