Con 359 votos a favor, 54 en contra y tres abstenciones, se avaló, en lo general, el dictamen que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Petróleos Mexicanos y de la Ley de la Comisión Federal de Electricidad.
En la fundamentación, la presidenta de la Comisión de Energía, diputada Georgina Trujillo Zentella (PRI), expresó que las empresas productivas del Estado cuentan con un régimen especial en materia de responsabilidades administrativas, el cual fue respetado en la recién aprobada Ley General de Responsabilidades Administrativas, pero se debe adecuar a los alcances que tiene la nueva legislación en materia de transparencia y de anticorrupción.
Por tanto, continuó, se busca adecuar las leyes de Pemex y de CFE a este nuevo paradigma constitucional y legal que conllevó la reforma en materia de transparencia y de anticorrupción.
Mencionó que el dictamen se divide en dos rubros: los requisitos para designar a los consejeros independientes del Consejo de Administración de las Empresas Productivas del Estado, así como la armonización de las normas de Pemex y de CFE con la Ley de Responsabilidades Administrativas.
Trujillo Zentella indicó que para la designación de los consejeros independientes, se aclara el requisito de no haber sido servidor público dos años anteriores al nombramiento, mismo que opera cuando la persona haya tenido alguna responsabilidad de carácter académico, docente o de investigación aunque haya sido una pública.
Se precisa el impedimento para ser designado consejero independiente: cuando se tenga una relación comercial importante con la empresa productiva del Estado de la que forme parte. “Se baja el porcentaje al que se refiere la relación con la empresa productiva del Estado, porque estaba en un margen que era prácticamente imposible que pudiera alguien incurrir en ese considerando”.
Destacó que “se hablaba de que esta persona para no poder ser designado consejero independiente, tendría que tener más del 10 por ciento de las ventas totales con Pemex o con CFE. Era imposible. Ese umbral se está modificando para que quede en el 1 por ciento”.
La diputada Georgina Trujillo argumentó que los consejeros independientes están impedidos de desempeñar durante la responsabilidad que tengan en el consejo, cualquier otro cargo público o privado cuando implique un conflicto de interés.
En el tema de la armonización de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, se establece que el sistema de control interno que los directores generales de ambas empresas implementen, deben considerar forzosamente mecanismos que prevengan y detecten conductas de servidores públicos de Pemex o de CFE, que impliquen la comisión de faltas administrativas o hechos de corrupción para que sean presentadas las denuncias que correspondan en las instancias y autoridades competentes.
Otro tema se relaciona con la actualización de las atribuciones de las Unidades de Responsabilidades de las Empresas Productivas del Estado, para que apliquen la Ley General de Responsabilidades Administrativas, ya que ahora se les otorgan facultades relativas a investigación, sustanciación y resolución de faltas administrativas.
De igual modo, se plantean cambios a las leyes de las Empresas Productivas del Estado, para garantizar la plena armonización con la Ley General de Responsabilidades Administrativas. Se actualiza la denominación del nuevo Tribunal Federal de Justicia Administrativa en aquellos artículos en donde se hacía referencia a un Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa.
Se sustituye la mención de la Ley Anticorrupción en contrataciones públicas, en las leyes de Petróleos Mexicanos y la Comisión Federal, porque esa norma y ya se abrogó por la Ley General de Responsabilidades Públicas.
Previo a los posicionamientos, se avaló una adenda de la Comisión de Energía, en donde se aclara el requisito de que no debe tener relación comercial importante no solamente el consejero, sino también el representante o apoderado legal de una empresa.
También, se modifica el requisito sobre el parentesco, para dejarlo en la ley tal como estaba en la anterior de Pemex y CFE. Es decir, afinidad civil o hasta en cuarto grado, así como no ser cónyuge o concubina, o concubinario.
También se solicita a los consejeros independientes que manifiesten por escrito y bajo protesta de decir verdad, que las demás actividades que realizan les dejan el tiempo suficiente para cumplir a cabalidad con su responsabilidad en las Empresas Productivas del Estado.
En los posicionamientos, el diputado Luis Manuel Hernández León (Nueva Alianza) mencionó que la finalidad es armonizar ambas leyes con las normas recientes aprobadas en materia de combate a la corrupción y se estipulan nuevos requisitos e impedimentos para ser designado consejero independiente en las Empresas Productivas del Estado, así como las disposiciones aplicables a las unidades bajo su responsabilidad.
“Es primordial armonizar las normas jurídicas vigentes. Nuestro compromiso es el combate efectivo a la corrupción. Crear un marco jurídico eficaz y coordinado es un deber que asumimos sin ninguna cortapisa”, afirmó.
Macedonio Salomón Tamez Guajardo, diputado de Movimiento Ciudadano, resaltó la importancia de este dictamen porque Pemex y CFE, aunque son motivo de orgullo para el país, también son causa de preocupación por la cantidad de actos de corrupción que se han dado crónicamente en estas dos empresas del Estado.
Sin embargo, se manifestó en contra, pues es fundamental mejorar la figura de los consejeros independientes. “Decidimos ir en contra porque ha quedado corto, quisiéramos que los consejeros independientes, no solo ellos fueran motivo de escrutinio y de sometimiento a requisitos, sino también los designados por el Ejecutivo, ya que estos también pueden ser o caer en los supuestos que marca la ley”.
La diputada Rocío Nahle García (Morena) propuso que estos consejeros independientes sean servidores públicos. “Reciben un salario, tienen oficinas en Pemex, asesores, vehículos y no tienen el carácter de servidores públicos. Nos dicen que es para ajustar a las leyes de transparencia y anticorrupción, pero ¿cómo vamos a garantizarla si no son servidores públicos? Esto en una incongruencia, no les estamos dando facultades para que rindan cuentas”.
Se tienen que hacer servidores públicos porque están decidiendo cuestiones elementales de las empresas. “Es un error lo que estamos haciendo. Este tema es de horas, porque es donde está la corrupción, la podredumbre del sistema económico mexicano y hoy les estamos dando un espaldarazo y nada menos justificando que para ajustar en la Ley de Transparencia y Anticorrupción es una incongruencia”.
De Encuentro Social, el diputado Gonzalo Guizar Valladares, puntualizó que la corrupción cuesta al país, de acuerdo a la OCDE, del nueve al 20 por ciento del Producto Interno Bruto. Ello, “por no tener mecanismos de control por modestos que éstos sean”.
Fue una gran lucha política democrática que los consejeros independientes existieran en Pemex. Desincorporar su Consejo de Administración representó una gran batalla. “Ahora estamos dándole un paso firme a la transparencia. Se va a armonizar el marco jurídico y va a garantizar que los consejeros independientes puedan desempeñar labores académicas o docentes en instituciones”.
Sofía González Torres, diputada del PVEM, expresó que es necesario armonizar diversos artículos de las leyes de Pemex y de la CFE en lo referente a la designación de los consejeros independientes que integran el Consejo de Administración, pues se rediseñó el sistema de responsabilidades administrativas dando pie a un nuevo modelo organizacional.
El Consejo de Administración juega un papel fundamental dentro de Pemex y CFE, pues son los encargados de evitar intromisiones externas politizadas respecto a la toma de decisiones privilegiando los criterios técnicos especializados en el beneficio de buen funcionamiento de dichas empresas. “Démosle la oportunidad a Pemex y a CFE de competir con empresas de clase mundial”.
El diputado Julio Saldaña Morán (PRD) resaltó que el saqueo y la corrupción de Petróleos Mexicanos y Comisión Federal de Electricidad deben dejar de existir. “Nos sumamos porque estamos trabajando para hacer cumplir el mandato de un Sistema Nacional Anticorrupción”.
Indicó que hoy los consejeros ciudadanos, si no son al 100 por ciento independientes, van a estar sujetos al marco de la legislación actual, van a estar sujetos a la ley que los va a revisar. “Vamos a exigir que en tiempo y forma estemos muy al pendiente de que el trabajo se haga y se haga bien”.
Por el PAN, la diputada Nelly del Carmen Márquez Zapata señaló que el tema del combate a la corrupción y el conflicto de intereses en plena relación con la transparencia y rendición de cuentas, son torales y de gran relevancia. “Reconocemos el avance que en materia de conflicto de intereses establece este dictamen”.
Es primordial reformar el tema de conflicto de intereses entre los consejeros independientes y los entes privados, ya que la reciente Ley General de Responsabilidades Administrativas define al conflicto de intereses como la posible afectación del desempeño imparcial de las funciones de los servidores públicos, en razón de intereses personales, familiares o de negocios.
Esdras Romero Vega, diputado del PRI, indicó que la finalidad es armonizar las leyes de Pemex y CFE con el nuevo sistema en materia de combate a la corrupción, particularmente para robustecer el marco jurídico de los consejeros independientes, pues prohíbe que los independientes tengan relación laboral con entes privados cuando exista conflicto de interés, y autoriza a los consejeros independientes a desempeñar actividades docentes en instituciones de educación y centros de investigación.
También exige por igual a los consejeros independientes no tener una relación comercial con Pemex y CFE o alguna de sus empresas productivas subsidiarias o filiales. Especifica cuestiones en materia de parentesco. En síntesis, “busca hacer más transparentes y competitivos a Pemex y CFE para elevar su eficiencia y productividad en beneficio de todos los mexicanos”.
En la discusión, el diputado Rodrigo Abdala Dartigues (Morena) puntualizó que se dice que con este dictamen se fortalece la rendición de cuentas y combate a la corrupción, pero “no es cierto, la están fomentando y aquí simulan que están muy ocupados en cosas que no se sabe qué y nadie pone atención. No se está combatiendo a la corrupción, se está fomentando a la corrupción”.
Su compañera de bancada, diputada Guadalupe Hernández Correa, expresó que la riqueza natural y económica que involucran la industria petrolera y eléctrica, son motivo suficiente para que todos los funcionarios responsables de las empresas productivas del Estado deban ser vigilados por todo el cuerpo de normatividad anticorrupción.
También de Morena, el diputado Juan Romero Tenorio, indicó que estas reformas cierran el círculo de impunidad que se creó desde que se hizo la reforma secundaria a la reforma estructural en materia energética. “Serán cómplices de integrar ese círculo de la complicidad y de la impunidad a consejeros que son responsables de administrar junto con el secretario de Energía y los tres consejeros que proponga Peña Nieto, administrar bienes nacionales”.
Con 349 votos a favor y 64 en contra, se aprobó en lo particular y en términos del dictamen, las reservas a los artículos 1, 15, 16 y 21 de la Ley de Petróleos Mexicanos, así como al 2 fracción XIV y 20 de la Ley de la Comisión Federal de Electricidad.