Alfredo Rodríguez, diputado del PAN en Nuevo León y presidente de la Comisión de Transportes de la Cámara de Diputados Federal, fue quien propuso la reforma de ley que permitiría ofrecer servicios a estas plataformas de transporte desde el AICM. Lo que se busca con dicha propuesta es que los usuarios tengan más opciones para transportarse y no sólo las tarifas exageradas que ofrecen los taxis de sitio del aeropuerto.
Las modificaciones se harían a los artículos 36, 47, 47 Bis y 47 Ter de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal y tendrían que atenerse a las recomendaciones de la Comisión Federal de Competencia Económica, quien señala que se deben “eliminar las barreras a la entrada en el servicio de autotransporte de pasajeros en los aeropuertos nacionales”.
Las plataformas de servicio privado se han encontrado con el rechazo del gremio de taxistas alrededor del mundo
De acuerdo a una investigación realizada por My Press, es importante mencionar que la Secretaria de Comunicaciones y Transportes es quien otorga los permisos en este rubro, pero en caso de que se les permita brindar el servicio, la alternativa de transporte tendría que cumplir con ciertos requisitos que aún no han sido especificados. De igual manera, tendrían un régimen especial ya que se cree que no necesitarían una capacitación o licencia federal para el servicio.
Además, no tendrían que solicitar un permiso ni realizar verificación técnica entre otras condiciones por parte de la Secretaría. Sin embargo, es probable que tras la eterna lucha entre las plataformas como Cabify y Uber contra el gremio de taxistas en toda la República y el mundo, cualquier resolución a la que lleguen los legisladores no evitará la pelea entre ambos servicios.
Estas plataformas surgieron como un nuevo modelo de negocios óptimo para contrarrestar las fallas del transporte público y también combatir los altos precios que muchos taxistas imponen en sus viajes a pesar de que están regulados. Actualmente la Suprema Corte de Justicia de la Nación discute sobre la inconstitucionalidad a la Ley de Transporte de Yucatán, la cual regula a empresas como Uber.