El Ejecutivo nipón considera que la opinión emitida el pasado día 20 por el grupo de trabajo de la ONU es "totalmente inaceptable" y "no vinculante legalmente", según un comunicado publicado hoy por el Ministerio de Exteriores.
Japón ha reaccionado así a la disposición que señala que la privación de libertad de Carlos Ghosn durante dos períodos entre noviembre de 2018 y marzo de 2019 fue "arbitraria" y contravino varios artículos de la Declaración de los Derechos Humanos y del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
En su objeción, el Ejecutivo nipón recalca que su sistema penal cuenta con garantías para proteger los derechos fundamentales, y subraya que los procedimientos penales aplicados al expresidente de Nissan Motor "no vulneran" los tratados internacionales firmados por Japón.
"Esos procedimientos fueron llevados a cabo estrictamente de acuerdo con las disposiciones apropiadas estipuladas en leyes al tiempo que garantizando plenamente los derechos del acusado", afirma el comunicado del ministerio japonés.
La nota también recuerda que Ghosn se fugó a finales de 2019 de Japón tras haber sido puesto en libertad bajo fianza con la condición de no viajar al exterior, lo que supuso "un incumplimiento de sus compromisos y algo que no está condonado por ningún sistema legal de ningún país".
Las autoridades niponas también señalan que la ley nacional impide compartir más información con el grupo de trabajo de la ONU sobre los procedimientos relacionados con el caso del exdirectivo de Nissan antes de que comience el juicio.
El grupo de trabajo de la ONU, por su parte, ha pedido a Japón que ofrezca más detalles del caso y que informe más adelante sobre el cumplimiento de sus recomendaciones, entre la que se incluyen indemnizar a Ghosn por los daños causados y llevar a cabo una investigación sobre la vulneración de sus derechos.
Ghosn, que se fugó del país meses antes de que comenzara el juicio, está acusado de ocultar a las autoridades una serie de compensaciones pactadas con Nissan Motor entre 2011 y 2018 para ser abonadas después de su retiro por valor de 9,100 millones de yenes (73 millones de euros), entre otras irregularidades financieras.
Con triple nacionalidad (francesa, brasileña y libanesa), Ghosn dijo desde Beirut, adonde se fugó, que no confiaba en que se haría justicia con él en Japón.
El exdirectivo permaneció detenido 130 días en total, desde su primera detención el 19 de noviembre de 2018 hasta que quedó en libertad bajo fianza el 25 de abril de 2019 después de una segunda detención.