Frente a esta realidad en el ámbito del comercio exterior, que se suma a los aranceles al acero y al aluminio impuestos por Estados Unidos a México, así como la entrada en vigor del Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico el 30 de diciembre de 2018 y la relación comercial que actualmente se vive entre Estados Unidos y China, surgen nuevos aspectos clave, ante los cuales las organizaciones necesitan adaptarse e incluso plantear mecanismos que mitiguen o permitan aprovechar el posible impacto en los procesos de negocio para seguir creciendo.
Cambios significativos
El proceso de certificación de origen se flexibiliza, ya que el formato del certificado de origen ya no será obligatorio y se tipifica la posibilidad de que el importador pueda asegurar que el bien califica como “originario”. En México, la implementación podrá tener un periodo de diferimiento no mayor a tres años y medio.
El USMCA también incrementó la regla de minimis de 7 a 10 por ciento. Esto implica que si el valor de todos los materiales no originarios utilizados en la producción de un bien es menor a 10 por ciento del valor de la transacción, el producto se considerará como “originario”.
En la industria automotriz, el valor del contenido regional en vehículos ligeros se incrementó de 62.5 a 75, y de 60 a 70 por ciento en vehículos pesados, cifras que aumentarán progresivamente en tres y siete años respectivamente después de la entrada en vigor. Además, la regla de origen también estipula que el 70 por ciento del acero y el aluminio que se utilicen en la fabricación deben ser de la región de Norteamérica, y el 40 por ciento del valor del vehículo debe producirse en países con un sueldo por hora de por lo menos USD 16. Adicionalmente, las partes consideradas como primordiales deberán calificarse como “originarias”.
Las autopartes fueron divididas en primordiales, principales y complementarias, con porcentajes de aumento gradual a tres años para quedar en 75, 70 y 65 por ciento del valor de contenido regional respectivamente para calificar como “originarias.
Con respecto a los químicos, textiles y algunas manufacturas de acero, el USMCA también considera cambios en las reglas de origen correspondientes.
Por último, para poder negociar con países no miembros del T-MEC, será necesario haber notificado a los otros socios por lo menos tres meses antes de comenzar las conversaciones; las contrapartes revisarán la propuesta y podrán solicitar modificaciones. En caso de que el país firme un tratado sin la aprobación de los socios, se daría por terminado el acuerdo.
¿Cómo afrontar los cambios?
Para evaluar el impacto de estas medidas en la cadena de suministro, y adaptarse a los cambios, las empresas necesitan una metodología de planeación orientada a corto y a largo plazo; esta puede segmentarse en cuatro puntos relacionados principalmente con los cambios en las reglas de origen:
1. Análisis de impacto: examinar las consecuencias específicas de las nuevas reglas de origen y de minimis, así como estimar el impacto financiero de cambios benéficos y los que no lo son tanto
2. Asesoría operacional: identificar y validar los nuevos requerimientos de información para la calificación de origen y configuración de los sistemas existentes, transitando hacia la automatización de procesos, revisando los términos de los contratos e identificando lagunas y riesgos, así como validando clasificaciones arancelarias y costeo
3. Mitigación y optimización para mejorar resultados: analizar el uso de la regla de materiales intermedios, los ajustes con respecto a las reglas de contenido regional, los cambios en los procesos de manufactura y la relación con los proveedores
4. Implementación: desarrollar casos de negocio específicos, asegurando los recursos internos y externos necesarios, así como los sistemas y la ejecución de medidas orientadas hacia la eficiencia
Con estos elementos, las organizaciones tienen la capacidad de asumir el T-MEC no como un riesgo, sino como una oportunidad de negocios, que podría traducirse en una mayor rentabilidad y crecimiento, aprovechando la innovación como una llave para hacer frente a los desafíos derivados de la nueva dinámica regulatoria.