La acusación en cuestión fue hecha en relación con la venta de vehículos diésel Euro 5 en Francia entre 2009 y 2015.
Como es habitual en una investigación penal francesa, Automobiles Peugeot SA tendrá que pagar una fianza de 10 millones de euros (de los cuales 8 millones para el pago potencial de daños y perjuicios y multas y 2 millones para garantizar la representación de la empresa en los tribunales), y deberá aportar una garantía bancaria de 30 millones de euros para la posible compensación de pérdidas. Automobiles Peugeot S.A. también está evaluando sus opciones de defensa a este respecto. Otras dos filiales de Stellantis: Automobiles Citroen S.A. y FCA Italy S.p.A, han sido convocadas a comparecer ante el Tribunal Judicial de París, el 10 de junio y en julio, respectivamente, como parte de la misma investigación.
Este paso formal en la investigación judicial permitirá a las partes investigadas tener pleno acceso al expediente y les dará la oportunidad de defenderse de alegatos que aún no han sido evaluados en el proceso contradictorio.
Las empresas creen firmemente que sus sistemas de control de emisiones cumplieron con todos los requisitos aplicables en los momentos relevantes y continúan haciéndolo y esperan la oportunidad de demostrarlo.
El Grupo Stellantis, que se estableció en enero de 2021, continuará con las políticas de sus predecesores y cooperará plenamente con el sistema judicial para resolver este asunto rápidamente.